El Poder Judicial en la Argentina no goza, en general, de una buena imagen. Recién ahora, a partir de la nueva Corte, puede decirse que la sociedad tiene la garantía de jueces idóneos e independientes en el máximo tribunal. Sin embargo, en los tribunales de todo el país esa garantía no existe porque la idoneidad y la independencia de muchos jueces brilla por su ausencia.
A la incapacidad para ejercer tan alta responsabilidad se suman las ataduras al poder político de turno y altísimos niveles de corrupción.
No exageramos si decimos que en La Pampa la falta de idoneidad, las ataduras al poder político y la corrupción dentro de la judicatura han sido con las excepciones que deben hacerse- una constante a lo largo de su historia. Y lo siguen siendo.
La postulación del secretario Oscar Blanco para ocupar una de las vacantes de juez en la jurisdicción de General Pico es una prueba irrefutable de lo que hemos señalado.
No es necesario, por ahora, abundar en detalles. Los lectores de Lumbre y buena parte de la sociedad pampeana conocen la activa participación que el actual secretario judicial tuvo en el despojo del campo al anciano Carlos Crosetto.
La historia de este despojo está en una causa que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de la justicia que aquí no encuentran los damnificados por la estafa.
Sin embargo, Blanco no sólo continúa trabajando en los tribunales de Pico, sino que ahora pretende convertirse en juez.
Una pregunta: ¿Queremos limpiar o ensuciar la Justicia?